El nuevo plan de recortes de Cospedal servirá para destruir
empleo y para recortar y privatizar los servicios públicos, a la
vez que ataca las retribuciones y la imagen del conjunto de los
empleados públicos.La Federación de Enseñanza de CCOO dará, en coordinación con el resto de
sindicatos del Área Pública, una respuesta contundente a estas nuevas
agresiones, a la que invita a sumarse a todos los ciudadanos.Tal como nos temíamos y denunciamos en su momento, una vez desaparecido el
temor a que nuevos recortes perjudicasen el resultado electoral del 20N, el gobierno
regional muestra su verdadera cara y adopta con determinación medidas cuya
aplicación negaba en campaña. Lo que hace un mes aparecía como única prioridad,
“empleo, empleo, empleo”, ahora se olvida y se adoptan medidas que, además de
lesionar seriamente los servicios públicos y sumir a la economía regional en una
profunda recesión, incrementarán considerablemente el desempleo.
Empezamos a comprobar también que, tal como preveíamos, a la primera oportunidad
el gobierno aprovecharía para privatizar servicios públicos. Junto a la privatización de
algunos de los hospitales ya existentes y de todos los que se hagan en un futuro, el
gobierno ha anunciado su apuesta por la enseñanza concertada y privada, apuesta
que sólo puede hacerse a costa del descenso de la pública, siguiendo la estela
marcada por la Comunidad de Madrid. ¿Caminamos en Castilla La Mancha hacia la
creación de centros públicos para concertar directamente su funcionamiento con una
empresa privada a la vez que se cierran centros de titularidad pública? ¿Acabaremos
aquí también ofreciendo desgravación fiscal a quienes lleven a sus hijos a centros
privados no concertados a la vez que se detraen los recursos de los centros públicos?
Este plan muestra que, una vez más, los empleados públicos, no sólo los funcionarios,
sino también el personal laboral, no sólo los que tienen un salario decente, sino los
que ganan menos de mil euros, no sólo los que tienen trabajo fijo, sino los interinos,
sustitutos, etc..., se convierten en el chivo expiatorio de los males de nuestra
economía. Se anuncia una rebaja ¿transitoria? del 10% del complemento específico y
“asimilados”. ¿Podemos creernos una transitoriedad a la que no se pone fecha? ¿De
verdad el descenso salarial será sólo de un 3%? ¿Qué se entiende por complementos
“asimilados”? ¿Afectará la reducción a todos los complementos que son competencia
de la comunidad autónoma? ¿Incluirá el complemento de destino, los complementos
de formación, etc? Mucho nos tememos que, como ocurrió en mayo de 2010, la
cacareada reducción del 3% se traduzca en la mayoría de los casos en un descenso
muy superior.
Esta reducción se acompaña, además, de un incremento de la jornada en 2,5 horas
semanales, lo que, además de obligar a trabajar más por menos dinero, se traducirá
inevitablemente en despidos masivos que se suman a los que se vienen produciendo
desde que se empezó a aplicar la primera parte del Plan de Recortes (que no de
garantía) de servicios. ¿Qué seguridad y qué esperanza de empleo tienen los
trabajadores y trabajadoras interinos, cuya contratación se dice querer restringir al
máximo, así como las personas paradas que aspiran a trabajar en la enseñanza o en
el resto de servicios públicos?
Además de atentar contra el empleo, las medidas de este plan estrangularán servicios,
como ocurrirá con la Universidad de Castilla La Mancha, cuyo presupuesto se verá
reducido en 53,3 millones de euros, un 30% del presupuesto actual, poniendo en
serias dificultades la prestación del servicio universitario de calidad que esta región
necesita y tirando por la borda los esfuerzos y los logros de un sinfín de investigadores
y docentes que ven cómo sus puestos de trabajo y sus esfuerzos de muchos años
quedan en nada.
Con la presentación de este plan, una vez más el gobierno regional muestra su
desprecio por los derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos y por sus
representantes. Medidas como las que ayer anunciaba la presidenta deberían haber
sido presentadas y discutidas con los representantes legítimos de los trabajadores,
que hemos tenido que conocerlas por la prensa. Lo único que, coincidiendo con la
presentación del plan, se nos comunicaba es que buena parte de las mejoras sociales
conseguidas para los empleados públicos tras muchos años de negociación y de lucha
por conseguir planes de acción social desaparecen de un plumazo.
Las medidas anunciadas llevan también consigo un ataque a los usuarios de los
servicios públicos. Se pierde la cobertura universal de determinados servicios y
programas como el del transporte escolar o de la gratuidad de libros se verán
seriamente mermados, recortes que se suman a los que padecerán quienes aspiran
ser usuarios de las ayudas a la dependencia o de otros servicios.
Finalmente, el plan rezuma una profunda desconfianza hacia los empleados públicos,
poniéndonos a todos bajo sospecha al hablar de un plan de control del absentismo
laboral, de la exigencia de que las bajas se presenten desde el primer día, o de la
necesidad de llevar a cabo un control exhaustivo de las bajas de los docentes. Es
demagógico e injusto trasladar a la opinión pública la impresión de que los empleados
públicos faltan cuando quieren o se dan de baja sin justificación. Si en algún caso
excepcional ocurre algo parecido, son los servicios de control de la propia
administración, que los tiene, los que deben atajarlo y no hacer dejación de funciones.
Que se pongan a ello y que no cuestionen la profesionalidad de un colectivo.
Y mientras tanto, pretenden conformarnos con el anuncio de una “ley de autoridad del
profesorado”. No es con leyes como se refuerza la autoridad del profesorado, sino con
apoyos efectivos, medios y buenas condiciones para el ejercicio de su función y,
especialmente, absteniéndose de declaraciones que acusan gratuitamente y alimentan
la sospecha indiscriminada.
Por todo esto, la Federación de Enseñanza de CCOO quiere anunciar que, en
coordinación con el conjunto de las comisiones obreras y con el resto de sindicatos del área pública, invitaremos al conjunto de empleados y usuarios de los servicios
públicos, que somos todos, a movilizarnos contra este plan y en defensa de unos
servicios públicos de calidad.
